Por Esteban Abarzúa

 

  • Cumplir con las exigencias no es un mérito. Es lo que corresponde a todos y en el caso de los clubes con las hinchadas más grandes incluso exige mayor convicción para erradicar la violencia.
  • El clamor de leyes cortas y la obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas, cuya constitucionalidad todavía está por verse, abre nuevos flancos de discusión política e ideológica.
  • El fútbol, que ya hace usufructo de una inversión de cientos de miles de millones de pesos por parte del estado en la construcción y remodelación de estadios, espera que el gasto en la seguridad, ya sea a través de Carabineros o la incorporación de tecnología en los estadios, corra por cuenta del estado.

 

Los directores de Azul Azul dijeron que se habían preparado durante meses y que habían aceptado todas las exigencias de Estadio Seguro y la Delegación Presidencial para que la U jugara en el Estadio Nacional el domingo 11 de febrero contra Cobresal. Es posible. De hecho, era del todo necesario: su hinchada (o una parte de ella, para ser justos) había protagonizado una de las últimas suspensiones en un partido del fútbol chileno, el 30 de abril de 2023, en el estadio Ester Roa de Concepción. En realidad, la disposición a cumplir con todos los requerimientos de la autoridad no constituye precisamente algún mérito especial de quien está obligado a ello, lo que se aplica a todos los clubes por igual, pero en el caso de instituciones como Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, protagonistas de los principales hechos de violencia en el último lustro, además de un deber legal es una obligación moral y debería generar un compromiso irrenunciable con la seguridad en los recintos deportivos.

Hay que repetirlo por si no queda claro. Cumplir con las exigencias no es un mérito. Es lo que corresponde a todos y en el caso de los clubes con las hinchadas más grandes incluso exige mayor convicción para erradicar la violencia del fútbol. Hablamos de mayor convicción, justamente, no de respuestas como la de Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, ante la invasión del campo y la quema de butacas durante el duelo de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato. Stöhwing lamentó los hechos, pero eludió cualquier tipo de responsabilidad al aclarar que la ANFP organizó el partido y como tal estaba a cargo de la seguridad. Colo Colo y la U operan igual para esto casos, a diferencia de la UC, que en algunas ocasiones se ha mostrado más cooperadora al momento de determinar responsabilidades y perseguir a los violentos.

Ya, no es un mérito. Pero igual, se supone, es un esfuerzo que se perdió con la suspensión del partido entre la U y Cobresal. ¿Un trabajo de meses? Bueno, con que sea desde diciembre, cuando terminó el otro campeonato, ya aplica el plural.

Además se suspendió cincuenta y tantas horas antes de que se jugara, cuando Azul Azul ya estaba que cortaba las huinchas para empezar con la venta de entradas. En esta parte es del todo comprensible la ansiedad de la U por volver al Estadio Nacional, después de deambular durante un par de años por diversos estadios del país con todos los problemas administrativos que eso le generó. El Nacional no es el estadio de la U, pero es el lugar donde ha jugado de local en toda su historia. La necesidad de volver, por supuesto, también deriva de todos los portazos que recibió la U en su forzada itinerancia por el uso del Estadio Nacional en los Juegos de Santiago 2023, desde su etapa de remodelación: permisos cancelados, reducciones de aforo, trabas de todo tipo. En Azul Azul tienen derecho a mirar con resentimiento este periodo en que prácticamente tenían que rogar para jugar algún partido en Rancagua, Valparaíso, Concepción y Coquimbo, a creer que las delegaciones presidenciales de esas ciudades les hicieron la vida imposible. Lo mismo aplica para su hinchada en general, que debió arreglárselas para viajar a apoyar a su equipo en partidos que ni siquiera estaban seguros de que se iban a jugar. Es duro eso. Y es comprensible el malestar. Pero volvemos al punto original. El historial de violencia de (una parte de) las hinchadas de los clubes grandes genera por otro lado una oposición natural de las comunidades respectivas a recibir a ese tipo de visitantes. Estas comunidades tienen derecho a no querer recibir a (una parte de) estas hinchadas. Aparte está lo legal, claro, y las autoridades locales están obligadas a velar por la seguridad de su territorio según las condiciones que fija la ley.

Así que el Estadio Nacional es el único lugar donde la U puede jugar de local tranquila. O cualquier otro equipo, si así lo quisiera. Siempre que se cumplan las exigencias legales. Y que (una parte de) su hinchada tenga un comportamiento correcto para que dichas exigencias no sean mayores. Este es otro punto: los clubes grandes, debido al historial de violencia de (una parte de) sus hinchadas, deben cumplir con un estándar de seguridad más elevado y someterse disciplinadamente a decisiones de una autoridad que por un lado tiene que aprobar la organización de un partido de fútbol y que por el otro enfrenta las quejas razonables de la comunidad por cada evento deportivo. Ya vamos a volver sobre este punto, que es fundamental, pero cabe aquí una precisión sobre la majadería de (una parte de) las hinchadas.

Las hinchadas de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica sin duda no merecen el tratamiento que por extensión se les aplica a causa de algunos hinchas violentos que las integran. No son todos, son pocos, incluso es relativamente fácil identificarlos. En eso estamos de acuerdo, pero es otra discusión. Una discusión necesaria, que en algún momento tendrá que darse, sobre todo desde la mirada del garantismo: la comisión de un delito implica castigo para quien lo comete, en un juicio justo y con pruebas; lo cual está muy lejos de las sanciones administrativas o el juicio moral que usualmente les llega desde las autoridades y los medios de comunicación. Es natural la molestia de las hinchas en general por los abusos de unos hinchas en particular, lo cual, según su mirada, es responsabilidad del estado y de los clubes, incapaces de detectar a los elementos aislados que incurren en actos de violencia y en delitos contra las personas y la propiedad pública y privada. Hay que insistir en la vigencia de este debate, pero de momento los problemas aprietan por otro lado.

Vamos a lo central. ¿La autoridad está obligada a otorgar permisos para organización de espectáculos deportivos a quienes lo solicitan? La ley es clara. Mientras el organizador cumpla con las exigencias hay luz verde para todos. ¿Las exigencias son las mismas para todos en todo momento? La ley no hace distinciones de ningún tipo. Pero la aplicación de la ley también depende de otros factores, como los antecedentes previos y el comportamiento demostrado por los usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, del concepto de “intachable conducta anterior”.

En los argumentos de Azul Azul contra la suspensión de su duelo contra Cobresal se alega que la U terminó perjudicada por los incidentes del partido entre Huachipato y Colo Colo por la Supercopa, seis días antes en el Estadio Nacional. El razonamiento es válido en parte. La hinchada que se portó mal es la de Colo Colo y la que paga las consecuencias es la hinchada de la U. Es una injusticia. Correcto. Pero también es cierto que todos los partidos de la U se juegan con una luz roja de alto riesgo inminente. Y no a causa de lo que hagan los hinchas de su clásico rival, sino por mal comportamiento propio. Tendrían que pasar muchos años sin disturbios para que tanto los partidos de la U como los de Colo Colo puedan jugarse sin la etiqueta de alto riesgo. De modo que las restricciones que la autoridad le planteó inicialmente a Azul Azul, especialmente en la reducción del aforo de 43 mil a 32 mil y del aumento del número de guardias, entre otras, eran congruentes con el historial específico de la U.

Todavía no llegamos al punto crítico que desencadena la suspensión del partido, pero hacia allá vamos. Antes cabe tener en cuenta un hecho central de los incidentes en la Supercopa: la organización de dicho compromiso estaba a cargo de la ANFP. Ello no exculpa a la barra de Colo Colo de lo ocurrido, pero expande la carga de responsabilidad a todo el fútbol chileno. Distinto hubiera sido si los incidentes se producían en el estadio Monumental, en cuyo caso sería más fácil encapsular culpas y castigos. Al ser responsable la ANFP, en cambio, el bochorno se traspasa al fútbol en general. Esta conclusión que emana de la Supercopa es decisiva: la ANFP no es capaz de garantizar la seguridad de sus partidos. Luego los partidos de Colo Colo son partidos de la ANFP. Los partidos de la U son partidos de la ANFP. No hay cómo deslindar responsabilidades. El fracaso de la ANFP es el fracaso de todos en el fútbol. A ojos de la sociedad el fútbol chileno quedó en evidencia por su incapacidad para controlar la violencia en los estadios. Cualquier autoridad tendría en cuenta esto al momento de autorizar nuevos eventos de la ANFP. La Supercopa de la ANFP dejó en entredicho el Campeonato de la ANFP.

Ténganse en cuenta las repeticiones para abundar en la claridad del tema que se aborda. La delegación presidencial de la Región Metropolitana también estuvo a punto de no autorizar la realización de la Supercopa, por exactamente las mismas razones que la llevaron a suspender el duelo de la U con Cobresal. Los mismos informes negativos de Estadio Seguro y de Carabineros. El Estadio Nacional, adicionalmente, requería de condiciones especiales, ya que aún está pendiente la recepción definitiva de los trabajos que se hicieron por Santiago 2023. ¿Entonces por qué se autorizó la Supercopa y, por el contrario, se denegó el permiso para el partido de la U y Cobresal? La respuesta viene a ser bastante obvia, por una cuestión meramente cronológica: uno estaba programado para el 11 de febrero, el otro para el 17. En el primero la ANFP insistió que estaban dadas las condiciones para jugar y convenció, con las debidas objeciones, a la autoridad.

Los incidentes en la Supercopa incendiaron la discusión política de la seguridad en el fútbol.

Lo que pasó después es producto de una promesa incumplida. La autoridad fijó una exigencia y a pesar de sus reparos permitió que se disputara la Supercopa. Pudo decir que no , pero dijo que sí porque la ANFP le prometió que saldría todo bien. Como la ANFP le falló, la autoridad quedó obligada a revisar nuevamente los criterios de autorización e imponer represalias dentro de sus atribuciones legales. No a uno, sino a todos los partidos que organiza la ANFP. El aforo del partido entre Unión Española y Colo Colo se redujo de 15.000 a 5.000 espectadores y sin público visitante. El aforo de Cobreloa contra Huachipato en Calama bajó de 8.000 a 6.000 espectadores. Los otros partidos no vale la pena mencionarlos porque no generaban mayor preocupación en torno a su asistencia. De hecho, hay muchos partidos en que los propios clubes solicitan un aforo bajo para gastar menos en contratación de guardias y medidas de seguridad. Para la segunda fecha se establecieron restricciones especiales a varios encuentros. A saber: la visita de Colo Colo a Rancagua sin público visitante, el partido de la U y Audax en el Estadio Nacional con 32.000 espectadores, el de Palestino y Cobreloa con aforo 3.500 y sin público visitante, y el de Universidad Católica contra Ñublense con 16.000 espectadores en Santa Laura. ¿Era necesario? Un detalle: Palestino enfrentó reducción de aforo al jugar contra Cobreloa a la misma hora que la U ante Audax, así que el mismo club le ofreció a la autoridad desafectar a la hinchada visitante, aunque no se preveía ningún riesgo de incidentes entre los seguidores de ambos equipos en el estadio La Cisterna.

La queja del fútbol frente a la supuesta arbitrariedad de las delegaciones presidenciales al aplicar estas exigencias se volvió gremial. Saltaron los comunicados de prensa (de Universidad de Chile, Universidad Católica y Palestino) para revelar el desorden administrativo. El despelote, según diversas voces del periodismo deportivo que hicieron eco de la respuesta gremial del fútbol. Incluso tomó fuerza la teoría levantada por Juan Cristóbal Guarello en “La hora de King Kong”, su programa de streaming en YouTube: “El gobierno se asustó tras los incidentes de la Supercopa”. Es posible, pero la opinión política que promueve la idea del “gobierno inexperto, gobierno inepto” se sumó con entusiasmo a las críticas. Como opinión política es tan válida como cualquiera, hasta que esta opinión se contrasta con los hechos. Algunos, por vocación o por ética profesional, estamos obligados a hacerlo.

El gobierno se asustó. Tal vez. Pero también hablamos de un gobierno cuyas posiciones no tienen toda la acogida que quisiera en los medios de comunicación, a diferencia de otros gobiernos de distinto color político. Mientras las sociedades anónimas de fútbol apelan a sus redes para filtrar la información que les conviene la comunicación política del gobierno enfrenta serias dificultades para alcanzar una difusión mínima entre la ciudadanía. Pero es sólo un dato de la causa, el trabajo del gobierno es gobernar.

No existe, sin embargo, la neutralidad política en la agenda de seguridad. Vamos de lo evidente: los ataques a la autoridad que “no tiene idea” los encabezó Cecilia Pérez, hoy directora de Azul Azul y ex funcionaria del gobierno de Sebastián Piñera, durante el cual tuvo a su cargo la supervisión del programa de Estadio Seguro. Ahora en el otro extremo de la mesa, sus duras críticas contra Pamela Venegas, actual jefa de Estadio Seguro, y contra la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, resultan inexplicables desde el punto de vista técnico. Ella debería saber mejor que nadie que Estadio Seguro es un organismo contrahecho, sin mayor capacidad fiscalizadora y con nulo margen para obligar al fútbol a los cambios necesarios para resolver el tema de la violencia. Estamos en 2024 y la violencia en los estadios del fútbol chileno se mantiene como si nadie hubiera hecho nada en las últimas décadas. Ese “nadie hizo nada” incluye responsabilidades importantes de Cecilia Pérez. Su posición, por supuesto, se entiende mejor desde la trinchera política que representa. Está en su derecho y son los seguidores del equipo de fútbol de Universidad de Chile los convocados a juzgar si esa posición política los representa también en su condición de hinchas.

La U como institución también está en su derecho a plantear su molestia, en tanto la vuelta al Estadio Nacional representaba una aspiración crucial en esta parte de su historia. Primero como una fiesta popular, pero también para reivindicarse respecto de la reciente inconducta de (una parte de) su hinchada. ¿Una especie de borrón y cuenta nueva? La contingencia le había dado a la U una oportunidad de oro para mostrar otra cara frente a la vergüenza de Colo-Colo unos días antes en el mismo lugar. Una oportunidad de mostrar que su hinchada “es diferente”, como dijo su capitán en conferencia de prensa. ¿Diferente? Sólo el color de la camiseta. Para el resto la historia de la violencia en los estadios deja en claro que (una parte de) estas hinchadas , de ambas, actúan siguiendo los mismos patrones en situaciones de gravedad equivalente. Son iguales. A lo mejor, desde mañana, con una nueva mística, empiezan a ser distintos, pero también es un beneficio de la duda aplicable a cualquier delincuente. Se llama rehabilitación y se requieren muchas pruebas en el camino para que el resto, no uno mismo, lo declare como rehabilitado.

El gobierno, con susto o no, tiene derecho a mantener el control de la agenda. Y en este caso la única manera de hacerlo es endureciendo las restricciones al fútbol, en un tema sensible porque de hecho la violencia en los estadios colinda con la agenda nacional de seguridad, sin duda el nervio central del periodo presidencial que concluye en marzo de 2026. La petición de renuncia a Pamela Venegas y la delegada presidencial Constanza Martínez es una señal clara de que la oposición detectó ahí una posibilidad de golpear al gobierno en el ámbito de la seguridad. De hecho, el clamor de leyes cortas y la obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas, cuya constitucionalidad todavía está por verse, abre nuevos flancos de discusión política e ideológica.

Al fútbol, a través del directorio de la ANFP y su Consejo de Presidentes, le conviene. Primero para ocultar su responsabilidad puntual en los incidentes de la Supercopa, pero principalmente para desviar el foco de atención y reforzar su idea de que el estado es quien debe resolver el tema de la violencia en el fútbol. Es una cuestión de gasto. El fútbol, que ya hace usufructo de una inversión de cientos de miles de millones de pesos por parte del estado en la construcción y remodelación de estadios, espera que el gasto en la seguridad, ya sea a través de Carabineros o la incorporación de tecnología en los estadios, corra por cuenta del estado. También es una posición política.

El punto crítico de esta aparente crisis de seguridad en los estadios surgió por los informes de Carabineros de Chile, por no tener disponible una dotación suficiente para los llamados partidos Clase A del fútbol, tras reforzar la zona de los recientes incendios en Viña del Mar por razones obvias. De ahí emanan todas las restricciones impuestas por la autoridad al fútbol. La cuasi suspensión de la Supercopa y la posterior suspensión del partido entre la U y Cobresal, seguidas por nuevas exigencias al resto de los equipos por igual, atendiendo a los estadios en que estaban programados y a su poder de convocatoria. Cuando se acabe el refuerzo de Carabineros en Viña del Mar habrá nuevas condiciones para el fútbol, que probablemente seguirá lidiando con el comportamiento de (una parte de) sus hinchadas.

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